Los Comités Generales de Empresa de Renfe y Adif han convocado paros de 24 horas durante los días 24 y 30 de noviembre y los días 1, 4 y 5 de diciembre. Cinco jornadas de huelga en todo el transporte ferroviario nacional que van a dificultar los viajes en tren en todo el país.
La huelga ha sido convocada por todos los sindicatos de ambos Comités de Empresa (UGT, CCOO, CGT y SF más SEMAF en el caso del grupo Renfe y SCF en el caso de Adif) y son dos los motivos que les ha llevado ponerse a todos de acuerdo.
Por un lado, quieren paralizar la privatización parcial de Renfe Mercancías y, por otro, evitar el traspaso de Rodalies al gobierno catalán.
Se trata de dos procesos que, según denuncian los sindicatos, ponen en riesgo los derechos laborales de los trabajadores de ambas empresas. Añaden que se han incumplido los compromisos firmados con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) que obligan a negociar con los agentes sociales cualquier cambio que afecte al personal o a los recursos materiales de las operadoras.
La privatización parcial de Renfe Mercancías, en el ojo de mira
En la actualidad, Renfe es un grupo de empresas integradas en una misma matriz y que comparten convenio colectivo y, por lo tanto, derechos laborales. Esta división se produjo en el año 2013, con Ana Pastor en el Ministerio de Fomento, para preparar al operador público para la liberalización. Estas cuatro sociedades son:
- Renfe Viajeros. Destinada a todo el transporte de viajeros.
- Renfe Mercancías. Operador orientado al transporte de mercancías.
- Renfe Fabricación y Mantenimiento. Se encarga de toda la actividad industrial del grupo, en especial, de la reparación de material móvil tanto de Renfe como de otras empresas.
- Renfe Alquiler de Material Ferroviario. Empresa que se dedica a alquilar locomotoras, vagones y composiciones de viajeros a otras empresas.
- Renfe Proyectos Internacionales. Sociedad creada en 2023 para agrupar los proyectos de Renfe en el extranjero.
La entrada de capital privado es un proceso que está sobre la mesa desde los años 90. Sin embargo, se inició en 2011 con José Blanco en el Ministerio de Fomento. En ese momento, el negocio de mercancías se dividió en cuatro filiales privatizables hasta en un 45%.
La sucesora de Blanco, Ana Pastor, anunció en 2014 la licitación inminente del proceso de entrada de un socio capitalista en Renfe Mercancías. La división de Renfe Operadora en cuatro empresas, unificando las filiales creadas bajo el mandato anterior en una única sociedad para mercancías, facilitaba ese proceso.
No ha sido hasta 2022 cuando el proceso se ha iniciado de manera formal. En el mes de abril, la empresa convocó un procedimiento para buscar a un socio estratégico con el que crear una nueva sociedad o varias sociedades de capital mixto; o bien traspasar el negocio de mercancías a una sociedad ya existente.
El objetivo de este proceso es garantizar la viabilidad económica de Renfe Mercancías, que lleva varios ejercicios en números rojos, seleccionando a uno o varios socios para desarrollar la actividad logística. De tal manera que el operador se alíe con una empresa posicionada en el sector de la logística que complemente a los servicios ferroviarios como el transporte de última milla.
Además, esta alianza permitiría flexibilizar la operatividad de la empresa pública, sometida a las restricciones de la Ley de Contratación del Sector Público.
El grupo MSC, único candidato
Tras una selección a la que se han presentado más de 30 empresas de logística, sobre todo navieras, sólo el grupo MSC ha llegado a la última fase. A través de su filial ibérica Medlog, que compite con Renfe con la marca Medway, la gigante del transporte marítimo negocia ahora con la empresa pública los términos de esta alianza.
Por el momento, Raül Blanco, presidente del grupo Renfe, ha prometido que se garantizarán las condiciones laborales mediante una subrogación voluntaria y la posibilidad de volver a las empresas del grupo Renfe.
Sin embargo, los sindicatos denuncian que no se ha negociado con ellos a pesar de los compromisos firmados con el MITMA y que las condiciones laborales de los trabajadores de Renfe Mercancías están en peligro.
Fuentes del SEMAF (Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios) indican a Trainvelling que la confianza en el MITMA se ha roto al incumplir estos compromisos adquiridos, precisamente, durante el proceso de segregación de Renfe en varias filiales. Además, según estas fuentes, el proceso se vendió como la búsqueda de una empresa que aportara a Renfe aquellos servicios e infraestructuras de logística de las que carece.
El SEMAF defiende que la situación económica de Renfe Mercancías es consecuencia de la falta de compromiso político para mejorar la viabilidad de la empresa.
Añade que la liberalización, realizada en 2005 para los trenes de carga, ha sido un fracaso ya que los competidores (empresas públicas de Francia y Alemania y empresas de capital privado) sólo han quitado clientes a Renfe en lugar de aumentar la cuota de mercado, que era el objetivo de la entrada de la competencia.
Propone que el operador público mantenga su estado actual de empresa 100% pública, pidiendo al Ministerio una apuesta real por el transporte de mercancías por ferrocarril en un escenario en el que la UE lo está impulsando. Por último, el SEMAF y otros sindicatos indican que el programa de ecoincentivos podría contribuir con la rentabilidad de la empresa.
Contra la transferencia de Rodalies a Cataluña
Como parte de los acuerdos de investidura del candidato a presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el PSOE y ERC han acordado el traspaso al gobierno catalán del personal, trenes y parte de la infraestructura para que la Generalitat asuma el 100% de la gestión de los trenes de cercanías y regionales de la comunidad autónoma.
Respecto a las vías, el acuerdo contempla aquellas por las que únicamente circulan trenes de Rodalies. Estas son, según el acuerdo, la línea del Maresme de la R1, la línea Papiol – Vic – Puigcerdà de la R3 y la línea Sant Vicenç de Calders-Barcelona de la R2.
El acuerdo indica que los trabajadores subrogados a Rodalies de Catalunya, la nueva sociedad que se encargará de todo el sistema ferroviario, mantendrán sus condiciones laborales y podrán reincorporarse al grupo Renfe cuando lo deseen.
Sin embargo, los sindicatos se oponen a este proceso porque consideran que no se van a respetar las condiciones laborales, temen las consecuencias sobre la seguridad ferroviaria que el traspaso pueda generar y consideran que esta no es la solución a los problemas de fiabilidad de Rodalies.
Argumentan que muchas de las incidencias se producen como consecuencia de actos vandálicos y que los Mossos d’Esquadra no actúan para prevenirlos ni perseguirlos.
Fuentes del sector ferroviario llegan a decir que muchos de estos actos tienen como único objetivo degradar la calidad del servicio, ya tocada por la falta de inversión en mantenimiento de las vías en la última década y ahora por las obras de mejora, para así acusar al Estado de dejadez. Y, de esta manera, potenciar el relato de la necesidad de un traspaso.
Aunque desde el MITMA se diga que este es sólo un acuerdo político entre dos partidos y que el traspaso no ha comenzado a materializarse, SEMAF acusa al Gobierno de no haber contado con los agentes sociales para incluirlo como compromiso político.
Los trabajadores del operador público apuestan por la unidad de la empresa bajo el lema de Renfe no se toca, mientras que los de Adif quieren evitar que parte de la denominada Red Ferroviaria de Interés General se desmiembre y pase a manos autonómicas.
De ejecutarse este acuerdo en las líneas establecidas, aproximadamente 5.000 trabajadores pasarían de las empresas estatales a la autonómica.
Servicios mínimos
Dado que la convocatoria se realizó ayer, por el momento no se han establecido los servicios mínimos. Tan pronto se anuncien, los comunicaremos aquí, en Trainvelling.
No obstante, se antoja como un nuevo punto de fricción entre el Ministerio y los sindicatos, ya que en huelgas anteriores, el MITMA llegó a proponer unos servicios mínimos del 100% en hora punta y del 75% durante el resto del día.
Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional resolvió la medida cautelarísima de reducir en un 25% ambos servicios mínimos. Porcentajes que se han respetado en las sucesivas convocatorias de huelga.